Después de un debate de varias horas, el gobierno aprobó este domingo una indefensible resolución en virtud de la cual varios cientos de niños hijos de trabajadores extranjeros serán autorizados a permanecer en el país y otros varios cientos serán expulsados.
No tiene mucho sentido analizar en detalle la resolución ni comentar como votaron algunos ministros, algunos de ellos contrariamente a sus posiciones anteriores y otros para salvar -por lo menos así dicen- parte de los niños bajo amenaza de expulsión. Toda la resolución es condenable y proyecta una imagen del país, sus instituciones y gobernantes que se suma a otras cosas que están ocurriendo para engendrar un cuadro que llevó a uno de los ministros, Biniamín Ben Eliezer, a exclamar en la reunión que el Israel que expulsa 400 niños “no es el Estado judío que yo conozco”.
El primer ministro Netaniahu defendió la resolución, que considera balanceada y fundada en dos consideraciones esenciales: una humanitaria y una sionista: “Buscamos el camino -dijo- para absorber... niños que crecieron y se educaron aquí como israelíes. Por otro lado, no queremos estimular que cientos de miles de emigrantes ilegales inunden el pais”.
Para el jefe del gobierno consideraciones humanitarias y sionismo son términos contrapuestos, si es que he traducido fielmente su opinión, así como la presenta la prensa. Como era de esperar, el ministro del Interior, el lider de Shas, Eli Ishai, en cuyas manos dejó el gobierno toda decisión con respecto a casos especiales, se opuso a la resolución. El es consecuente: no quiere no judíos en el país.
Claro que se puede sostener que la culpa de todo la tiene el vacío constitucional y la falta de una ley de migraciones apropiada. Israel maneja sus instituciones en función de la norma que acuerda la ciudadanía del país, en principio, a descendientes de israelíes y no, como en la mayor parte de los países de Occidente, a las personas que nacieron en su territorio. Hay otros países que se gobiernan con este criterio, que deja afuera a una persona nacida aquí, educada aquí, cuyo idioma -a veces único- es el hebreo, y que nunca ha vivido en otra parte. Que no se trate de un caso único, no ayuda a aceptar ciegamente el modelo basado en el “jus sanguinis”, la ley de la sangre, opuesta al “jus soli”, la ley del lugar, que rige en paises como la Argentina, Estados Unidos, toda América y buena parte de Europa.
Pero, sistema legal aparte, cualquiera que sea el que un país adopta, es posible aplicarlo en forma humanitaria. La resolución del gobierno fija criterios distintivos entre niños que nacieron aquí y no tienen otro país; admite a varios cientos y rechaza a otros cientos. No es, pues, una decisión humanitaria. Tampoco es una decisión sionista, a pesar de la retórica de Netaniahu, imposible de despojar de ingredientes oportunistas, coalicionistas y discriminatorios.
Sionismo no es lo que Ishai entiende por tal. El sionismo, como filosofía política, así como la acunaron los portavoces más serios del movimiento, nunca concibió un estado monolítico. El Estado del pueblo judío no es y no puede ser un estado solo de judíos.
Esto no significa poner en duda el derecho de la nación de determinar su política migratoria, siempre que ésta no viole derechos humanos básicos. Un país puede abrir sus puertas en forma más o menos amplia conforme a sus necesidades, su historia y la concepción de vida de la mayoría de su población.
Puede fijar preferencias, por razones culturales, idiomáticas, económicas y otras. Lo que no puede, porque lo prohiben pactos suscritos por la mayoría de los países, es discriminar contra una nacionalidad, un grupo étnico o religioso determinado. Israel tiene la Ley del Retorno, que crea un privilegio inmigratorio para judíos y sus parientes, y ello es totalmente legítimo, porque el Estado surgió precisamente para absorber a los judíos que necesitan o quieren inmigrar al mismo. Quienes arguyen que la Ley del Retorno es racista, no la entienden o no saben bien lo que racismo significa.
Un país puede dar preferencia a inmigrantes que se ocupan de agricultura, por ejemplo. Puede preferir a otros que hablan el idioma del país. Puede, en el otro extremo, cerrar la inmigracion por completo, por un tiempo determinado o no. Lo que no puede hacer es abrir ampliamente sus puertas a gente que viene a buscar trabajo y permanece aquí durante años, creando familias con hijos que no conocen otra patria, y luego expulsar a esos hijos.
Un país puede ser muy estricto en la distinción entre inmigrantes legales y los que no lo son, e impedir que estos -o los que se tornan tales- permanezcan en su territorio una vez expirado el plazo acordado. Pero no puede arbitrariamente tolerar presencias ilegales y castigar a los niños que nacieron y se educaron en el período de tolerancia.
Lo que a todas luces Israel no puede permitirse es invocar el sionismo para expulsar cientos de niños. Ni siquiera la conocida elocuencia retórica de Netaniahu puede ser utilizada para justificar un acto inhumano en nombre del sionismo. Bastante se usurpa el termino “sionismo” para defender toda clase de abusos. Agregarle ahora otro, como lo hace Netaniahu, es dañino para los intereses del país y el buen nombre del sionismo, ya bastante castigado.
En esta columna, trato de evitar poner etiquetas a las personas y a los actos de políticos y agrupaciones, cosa que no siempre es fácil. En el caso de la medida que comentamos es muy difícil abstenerse de usar términos como “racismo” y “xenofobia” para describir las implicaciones de la resolución tomada por el gobierno. No me refiero a actitudes que no sorprenden, pero sí a justificaciones que es preferible no se intenten.